Coronell

Mi historia

Por Daniel Coronell

Les voy a contar mi verdadera historia, mi papá, quien ya falleció se llamaba Álvaro Coronel Mancipe, con una sola L, la otra L me la inventé para poder entrar a la comunidad judía, pues tuve la osadía de decir que provengo de descendientes yugoslavos.

Lo cierto es que arranqué desde abajo, el narcotraficante Justo Pastor Perafán me estudió, así como hizo Víctor Carranza con tantas personalidades que ahora lo denotan. En el periodismo nunca fui brillante, y mi gran oportunidad llegó con la campaña de César Gaviria a la Presidencia de la República.

El expresidente Gaviria montó un denominado kínder, que no era otra cosa que un club de yuppies, drogadictos y gays de clóset que se empoderaron durante ese gobierno. Mi recompensa por servir de manera abnegada fue la adjudicación de varios espacios de televisión para lo cual me tocó crear mi programada/productora NTC.

Como tenía dineros para montar el andamiaje de NTC, acudí a mi viejo mecenas y mentor, Justo Pastor Perafán, quien no sólo me dio dinero para la operación de la productora, sino que además me prestó los equipos de grabaciones de su empresa de televisión llamada Imagen & Sonido.

El primer cabezote de NTC lo financió Pefarán, tal como lo denunció El Colombiano en un acto de rabonería de su exdirectora cercana al Centro Democrático. Luego entré en una fuerte crisis económica, Perafán fue extraditado y entonces me tocó acudir a César ‘El bandi’ Villegas, a quien le tumbé sus acciones y se las entregué en un acto de amor a mi buen amigo Félix de Bedout, el resto es historia.

URIBE VS URIBE

Por Daniel Coronell

Mientras escribía esta columna luego de ir al supermercado a comprar víveres con mi perra, me llegó un documento revelador donde se me informaba de la pronta libertad de mi mecenas y mentor, Justo Pastor Perafán.

Retomando la columna sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, podemos descubrir un ser diferente en varios momentos de su vida política y profesional. De un combativo presidente de la República que desde las 5:00 am llamaba a todos los batallones del ejército a solicitar información sobre las alteraciones del orden público.

Del Uribe que se enfrentaba a grito en plaza pública con sus contradictores, fiel a su estilo combativo, el mismo que lo hizo “agarrarse” con Chávez, Ortega y Correa en la inolvidable Cumbre de Río que hizo que se terminara ganar la admiración de todos los colombianos, pasó al Uribe del senado 2014.

El Álvaro Uribe Vélez senador ya era entrañable abuelito, con canas y quien en tono paternalista y enfadón organizaba su banca de bisoños senadores y representantes de todo el país.

En ese rol Uribe Vélez formó en la política a Iván Duque, a quien luego lo convirtió en Presidente de la República siendo un total desconocido. En el senado protagonizó varias polémicas y enfrentamientos, pero también se caracterizó por ánimo propositivo y por ayudar a sacar adelante la agenda del gobierno en el Congreso de la República.

Con su renuncia al senado no solamente pierde el congreso, sino que el gobierno nacional se queda sin su principal escudero, aunque con seguridad seguirá teniendo revelación a nivel nacional.

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EL SUSTITUTO

La Fiscalía lleva años haciéndose la vista gorda con este negocio del que es beneficiario directamente el dueño de NTC Televisión.

Por Daniel Coronell

Daniel Alfonso Coronell Castañeda se convertirá en el dueño del Hotel Chinauta Resort, luego de la captura de su benefactor Justo Pastor Perafán, quien se encuentra en trámites de extradición. Él es hijo de Álvaro Coronel Mancipe, un fracasado cantante llanero muy conocido por ser un mujeriego empedernido.

Coronel -con un sola L, la otra se la agregó en un intento de esnobismo- arrancó su camino a la fama siendo parte del kínder del presidente César Gaviria Trujillo, en el cual obtuvo algo de dinero ilegal con lo cual montó NTC Televisión.

Se juntó luego con Justo Pastor Perafán -aunque algunos afirman que esté fue quien lo estudió y formó- quien financió el primer cabezote de televisión de la recién creada NTC.

Antes de la captura de Perafán, Coronell se asoció con otra narcotraficante, César Villegas alias “el bandi’, a quien terminó tumbándole el dinero de sus acciones y entregándola a su socio de fechorías, Félix de Bedout.

Ahora en vísperas de la extradición de Perafán, todos en el mundo del hampa, daban por descontado que él sería su sustituto y además que heredaría la joya de la corona: El Chinauta Resort.

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LA SUSTITUTA

La Fiscalía lleva años haciéndose la vista gorda con este negocio del que es beneficiaria directa la nueva senadora del Centro Democrático.

Por Daniel Coronell

Yenny Rozo Zambrano se convertirá en senadora cuando esta semana sea suspendido Álvaro Uribe, hoy detenido domiciliariamente en su hacienda de 1.500 hectáreas. Ella es la hija de Álvaro Rozo Castellanos, el alcalde de Mosquera, Cundinamarca, cuya administración tomó decisiones que permitieron que Tomás y Jerónimo Uribe se convirtieran en multimillonarios mientras su padre ocupaba la presidencia de Colombia. Yenny y su padre, el alcalde, también recibieron provecho del negocio.

Entre las determinaciones de la alcaldía de Álvaro Rozo que permitieron el enriquecimiento de los hermanos Uribe, hay dos especialmente importantes: la primera es la emisión del plan parcial que es un requisito legal para el desarrollo industrial del terreno. Sin ese plan parcial no habría sido posible la construcción de la Zona Franca de Occidente, de la cual son socios fundadores los Uribe.

La segunda es el aumento del índice máximo de construcción. La norma inicial solo permitía que se edificara la mitad del lote. Una decisión de la alcaldía de Rozo subió ese índice del 50 al 75 por ciento, con lo cual aumentaron los metros cuadrados para construir y vender.

Lo más grave es que la Fiscalía tiene, hace años, un documento que indica que el alcalde Rozo se lucró ilegalmente del negocio a través de la adquisición de parte de los terrenos.

En oficio del 19 de octubre de 2011 el entonces fiscal jefe de la unidad especializada en delitos contra la administración pública, Martín Alonso Moreno Sanjuán, le reportó al director nacional de fiscalías sobre la existencia de un material probatorio que apunta “a conductas punibles contra la administración pública en las que eventualmente estarían involucrados los hijos del Ex Presidente, Álvaro Uribe Vélez, y que se relacionan con la Zona Franca – Cundinamarca asumidos ya por la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá”.

El material probatorio al que se refiere el fiscal es un manuscrito encontrado en una firma de abogados de Medellín por los investigadores de la Corte Suprema de Justicia que seguían los pasos del parapolítico Mario Uribe. El cuaderno habla de la forma de dividir unos terrenos en estos términos: “Excluir la tierra del alcalde. El resto llevarlo a sociedad promotora de la Zona Franca de Occidente”.

Lo más revelador es un párrafo que dice textualmente: “Las otras 19 Ha para el (alcalde) a nombre de Luis Rozo y Efraín Fernández”.

Luis Rozo es el hermano del alcalde Álvaro Rozo quien, a través de una compañía llamada ALC, le compró al Patrimonio Autónomo FC-Lotes Mosquera, constituido por Tomás y Jerónimo Uribe, un lote al lado de la Zona Franca.

Los socios de la empresa compradora son todos familiares del alcalde Rozo. Además de su hermano Luis está su hija Yenni Rozo, próxima a convertirse en senadora, y otros dos hijos llamados Álvaro Alexander y Hernán Fabio.

La Fiscalía lleva años haciéndose la vista gorda con este negocio, del que es beneficiaria directa la nueva senadora del Centro Democrático.

Según las escrituras, el patrimonio autónomo de los hermanos Uribe les vendió ese terreno a los Rozo por 19.000 pesos por cada metro cuadrado. Un precio realmente bajo. Dos días después, otros compradores les pagaron el triple por lotes cercanos.

Hace dos años cuando escribí otra columna sobre este tema, los señores Uribe emitieron un comunicado en el que afirman: “Las diferencias en los precios por metro cuadrado de tierra bruta se dan por diferencias en la forma y área útil de cada predio”.

Nunca han intentado explicar las afirmaciones del manuscrito olvidado, ni las razones que tuvieron para hacer ese negocio justo con la familia del alcalde de Mosquera.

En el lote comprado por los Rozo fue construido el Parque Industrial Santo Domingo, comercializado por la sociedad Arcast Grupo Empresarial SAS.

De acuerdo con un acta de Arcast entre sus accionistas están la próxima senadora Yenny Rozo y su padre el exalcalde de Mosquera Álvaro Rozo Castellanos.

Esta historia de padres e hijos no termina aquí.

En la pasada campaña para el Senado, el expresidente Uribe grabó un comercial invitando a votar por la hija del alcalde que tanto ayudó a sus hijos. Quizás no los haya ayudado desinteresadamente pero cumplió:

“Yenny Rozo representa los valores del Centro Democrático. Representa transparencia, cumplimiento, estudio, afecto por la comunidad”.

Esa viva encarnación de la transparencia, pregonada por Uribe, ocupará su curul en los próximos días.

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Chinauta Resort: del ascenso de una élite al abandono

Por Daniel Coronell

El Chinauta Resort, una extravagante propiedad del narcotraficante Justo Pastor Perafán Homen, quien fue jefe de los cárteles del Cauca y Bogotá fue objeto de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación.

El Centro Vacacional Chinauta Resort, ubicado en las afueras Fusagasugá en Cundinamarca era el templo sagrado de Pastor Perafán, quien lo convirtió en un centro de relaciones públicas de élite, pues en este se reunían políticos, actores y cantantes de alto prestigio.

El denominado Kínder de Gaviria, grupo llamado así por ser jóvenes que ingresaron al gobierno en el periodo de César Gaviria, se fundó en centro recreacional de Perafán, pues era conocida su influencia en los círculos de poder del país.

Era reconocido el ego y vanidad de Justo Pastor Perafán, por esa razón decidió hacer inversiones en diferentes medios de comunicación, fundó su propia productora de contenido (Imagen y Sonido) y se asoció con varios periodistas que el día de hoy son muy reconocidos.

Más de 26 años después de su incautación del Chinauta Resort su estado actual es deplorarle, de ser una de las propiedades más exclusivas y sofisticadas del país, a pasó a un estado de ruindad absoluto. En el año 2010 la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes –DNE- intentó subastar el bien valor de 9 mil millones de pesos, pero se frustró. La Sociedad de Activos Especiales – SAE- quien reemplazó a la DNE actualmente mediante depositarios administra el complejo vacacional.

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EL DESPLOME DE CORONELL

El final fue apoteósico para la Fiscalía y especialmente lánguido para el abogado, tan arrogante en otras ocasiones.

Por Daniel Coronell

No le pudo haber ido peor. El interrogatorio de la Fiscalía a Diego Cadena desnudó no solo los presuntos delitos que ha cometido, las contradicciones entre sus diferentes declaraciones y la negligencia de sus actuaciones; sino que también puso en evidencia su ignorancia oceánica en materia de derecho. Diego Cadena es abogado –así lo acredita su tarjeta profesional– pero su vida laboral ha sido más la de un fixer, un arreglador de entuertos de narcos para evitar ir a juicio, un visitador de cárceles para sacar cartas de sus distinguidos huéspedes y un recolector de testimonios de bandidos para favorecer a sus clientes.

Cadena, el abogado del expresidente Álvaro Uribe para este tipo de vueltas, no resistió la simple presión del cuestionario. Cuando el fiscal del caso le preguntó si había verificado las aseveraciones de Carlos Enrique Vélez, uno de sus testigos, antes de presentarlas a la Corte Suprema de Justicia, tuvo que reconocer que no. Solo se vino a preocupar por revisar la credibilidad del testigo cuando, supuestamente, empezó a extorsionarlos a él y a su socio Juan José Salazar.

Carlos Enrique Vélez es un paramilitar preso, traído por Cadena al proceso del expresidente Uribe. El reo terminó confesando que le habían pagado para declarar contra el senador Iván Cepeda.

Diego Cadena asegura que los pagos efectuados por su oficina a varios testigos, entre ellos Carlos Enrique Vélez, fueron viáticos y ayuda humanitaria: “Me conmovió”, “me nació hacerlo”, aseguró teatralmente en la diligencia.

Los pagos exceden por mucho los siete millones de los que hasta ahora se ha hablado, y la Fiscalía tiene pruebas de eso.

Hasta María Helena Vélez, la hermana del paramilitar que recibió parte de la plata, citada hoy por El Espectador, se sorprendió por la frecuencia y generosidad de los giros. En su declaración ante las autoridades reveló que le comentó a su hermano encarcelado: “Ve, de esto tan bueno no dan tanto. ¿Cómo así que el abogado le va a pagar a usted, en vez de usted pagarle al abogado?”.

Diego Cadena no pudo explicar por qué, si los pagos supuestamente eran legítimos, no están respaldados por recibos firmados por el paramilitar preso:

–Claro, la distancia y falta de coordinación –justificó Cadena –, honestamente reconozco ese error porque la persona a la que se le giraba estaba en Palmira.

–¿Y usted no tiene oficina en el Valle? –preguntó el fiscal.

–Sí señor, en Cali.

–¿Y Palmira a cuánto está de ahí? –cuestiona inteligentemente el fiscal..

–A 25 minutos –admite Cadena, asistiendo al desplome de otro de sus argumentos.

Diego Cadena ha sostenido hasta ahora que su cliente, el senador Álvaro Uribe, no sabía acerca de esos pagos: “Hubo un error de no haberle informado al presidente pero no lo consideré importante”.

Lo raro es que sí consideró importante informarle sobre la oferta de favores jurídicos al testigo principal Juan Guillermo Monsalve, a quien Cadena ofreció tramitarle gratis un recurso de revisión de su sentencia en la Corte, según está probado en la grabación que ustedes pueden oír en losdanieles.com.

Uribe en su indagatoria ha dicho que los honorarios pactados con Cadena, y representados en uno de los lotes de su esposa Lina Moreno en una exclusiva urbanización de Montería, cubrían todos los gastos en los que incurriera:

–¿El abogado Diego Cadena le reportaba a usted algún tipo de gastos propios de la gestión profesional? –indaga el magistrado instructor.

–Esto es –contesta el senador Uribe–, se supone que esos gastos estaban representados, más los honorarios, en ese lote. Es un lote de más de dos mil metros en una urbanización de las mejores calidades, que está llamado a valer mucha plata.

Diego Cadena, en su interrogatorio, afirmó que el lote está avaluado en 600 millones de pesos y que Uribe le recomendó no venderlo porque seguirá subiendo de precio. Así le respondió al fiscal cuando le preguntó qué incluía ese pago en especie:

–Cuando cuadraron lo del lote con su cliente –pregunta el fiscal–, ¿se habló de que se generarían pagos de viáticos, que de ahí se descontarían, o no?

–No, no señor –responde Cadena–. Ojalá ustedes se lo pregunten al doctor Uribe. Yo en ningún momento le dije: presidente, yo le voy a cobrar por esto 100 millones de pesos. Él fue el que me dijo: yo le quiero dar un lote porque usted me ha ayudado con estas declaraciones.

Lo anterior lo dijo en su interrogatorio del 5 de noviembre pasado en la Fiscalía. Otra cosa había dicho el mismo Cadena, bajo la gravedad del juramento, en su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, el 23 de septiembre:

–¿En que momento, el señor Álvaro Uribe Vélez, le remunera a usted? –pregunta el magistrado.

–Yo –afirma Cadena– manifiesto que necesito unos recursos para gastos de mi desplazamiento y el tiempo empleado como apoderado en este tipo de actividades, señor magistrado.

No hay manera de que las dos versiones sean ciertas.

Varias veces, Diego Cadena le imploró al fiscal “créame, créame”, ante la evidente inverosimilitud de sus versiones.

El final fue apoteósico para la Fiscalía y especialmente lánguido para el abogado, tan arrogante en otras ocasiones.

Puesto en evidencia, Diego Cadena pretendió convertir sus conductas en pecados veniales: “Se cometieron errores e imprudencias pero en ningún momento se sobornó una persona para que cambiara, ocultara o mintiera (…) Le pido disculpas por mis actuaciones. Créame que esto me deja una gran experiencia”.

Mañana es la –largamente aplazada– audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento intramural contra Diego Cadena, por los presuntos delitos de soborno de testigos y fraude procesal.

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ÍNDICE Y PULGAR

“No joda, ¿qué te voy a decir? Son cinco mil barras y yo lo pensé. ¿Sí me entiendes? Eso es un resto de plata. Un billete. Para hacer un edificio. Yo te lo digo para que tú sepas…y lo rentas y vives toda la vida de eso”

Por Daniel Coronell

La grabación que prueba que el senador Eduardo Pulgar trató de persuadir a un juez de venderse para favorecer a unos patrocinadores políticos suyos, contiene otras revelaciones. Una de ellas es la historia de un supuesto soborno en donde Pulgar es el sobornado. El ahora investigado senador relata que un importante dirigente político de Barranquilla le ofreció una gruesa suma de dinero para que votara por una candidata en la más reciente elección de procurador general de la nación.

Pulgar, grabado por el juez Andrés Rodríguez, le aseguró a él y al alcalde de Usiacurí, Ronald Padilla, que en el año 2016 recibió una tentadora oferta para que votara para elegir a “la vieja” como procuradora general.

En esa ocasión, la terna de candidatos para la Procuraduría estaba conformada por la exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura María Mercedes López, nominada por el entonces presidente Juan Manuel Santos; el exvicefiscal general de la nación Jorge Perdomo, postulado por la Corte Suprema de Justicia; y el exministro Fernando Carrillo, presentado por el Consejo de Estado y quien finalmente resultó elegido por el Senado.

La campaña no fue simple. Aunque nominalmente la candidata de Santos era María Mercedes López, muchos sabían que la apuesta real del mandatario era Carrillo. Esa postura aparentemente esquizofrénica, pero bastante usual en la política colombiana, fue aprovechada por el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras para intentar una jugada a tres bandas.

Vargas, copropietario del partido Cambio Radical con la familia Char, intentó elegir a María Mercedes López. la candidata formal del presidente; cerrándole el paso a Fernando Carrillo, el verdadero procurador in pectore de Santos. De esa manera apoyaba al jefe de Estado, en teoría, mientras en la práctica lo golpeaba.

En el contexto de esa extraña campaña habría ocurrido lo que el senador Eduardo Pulgar narra en estos términos: “A mí Alex Char me ofreció cinco mil millones de barras, para que yo me le torciera al procurador general y me fuera a votar con la vieja… Cinco mil millones de barras…Y le he dicho al man: No…Y yo me quedé con Carrillo”.

El supuesto intento de soborno puso a pensar a Pulgar según lo asegura en la misma grabación: “No joda, ¿qué te voy a decir? Son cinco mil barras y yo lo pensé. ¿Sí me entiendes? Eso es un resto de plata. Un billete. Para hacer un edificio. Yo te lo digo para que tú sepas…y lo rentas y vives toda la vida de eso… Ahora yo dije, me encerré en un cuarto, y dije: es la única forma en que la gente me conozca, como un tipo… como soy… como un tipo íntegro y serio”.

El exalcalde de Barranquilla Alex Char, con quien hablé antes de escribir esta columna, desmiente la versión del senador Eduardo Pulgar: “Por Dios, hasta dónde hemos llegado. Esto es una locura. Eso no es cierto. ¡Qué locura! Obviamente ese era un debate que nos importaba a todos pero yo no me metí. Yo estaba de alcalde. Eso es una total falsedad. Por Dios”.

Mañana es 20 de julio y se instala el Congreso. Amparado en la invisibilidad que brindan las sesiones en línea, es probable que el senador Eduardo Pulgar asista sin que nadie lo cuestione. Sin que estos hechos, que están a la luz pública, merezcan siquiera una pregunta. La virtualidad ha acabado con el control político al gobierno y de paso con el escrutinio ciudadano sobre el Congreso.

Eduardo Pulgar ejercerá su derecho a votar para elegir, entre otros, al nuevo presidente del Senado. El elegido será seguramente Arturo Char, el hermano de Alex Char. La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que investiga a Pulgar, abrió indagación preliminar contra Arturo Char por su presunta participación en la corrupción electoral protagonizada por Aida Merlano. Por los mismos hechos, su hermano Alex será escuchado en declaración.

La diligencia debería haberse realizado el 7 de julio, pero la defensa de Arturo Char hábilmente consiguió el aplazamiento para el 27. Cuando se cumpla, Char ya será el presidente del Congreso.

Mientras tanto se prepara la elección del próximo procurador general de la nación. La candidata fija del presidente Iván Duque –y de su jefe– es la actual ministra de justicia Margarita Cabello. Aquí pueden verla fotografiada con el senador Eduardo Pulgar y su actual esposa Any Ucrós. Los tres se ven felices.

Eduardo Pulgar

Probablemente ella, como procuradora general, será quien decida el resultado de la investigación disciplinaria que la Procuraduría le acaba de abrir a Pulgar por pedirle a un juez que se vendiera.

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PULGARCITO

“Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente… Aquí hay un negocio… Ustedes me dicen… y yo voy y digo: pa esta jugada vale tanto y vamos pa’lante. Así de sencillo”.

Por Daniel Coronell

Un senador le ofreció a un juez conseguirle un soborno para que decidiera a favor de unos patrocinadores suyos. Para bien de la opinión pública –y quizás también de la justicia– la comprometedora conversación quedó grabada. El delito tiene prueba reina pero hasta ahora no hay investigación. El senador fue reelegido después de su fechoría. A pesar de no haberse destacado por sus iniciativas como legislador, ni mucho menos por ejercer control político, fue designado como primer vicepresidente del Senado, posición que ocupó hasta el año pasado.

El senador se llama Eduardo Pulgar, es miembro del Partido de la U, y fue a hacer la vuelta para favorecer a su amigo Luis Fernando Acosta Osío, el líder de un grupo que con cuestionadas maniobras logró el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pretende quedarse también con la Fundación Acosta Bendeck y el Hospital Universitario Metropolitano. Las tres instituciones facturan 80.000 millones de pesos al año.

Por la magnitud del botín no se han medido en lobbies, maniobras y tráficos de influencias, sobre los cuales seguramente tendremos que hablar, pero hoy nos concentraremos en la oferta del senador Eduardo Pulgar a un juez de la república.

Andrés Rodríguez Cáez, abogado huilense apenas mayor de 30 años, llegó a la costa nombrado provisionalmente como juez primero promiscuo municipal de Usiacurí, Atlántico. Antes de ser juez había sido auxiliar, escribiente y oficial mayor. Conocía su trabajo y quería hacerlo bien. Como había congestión en los juzgados de Barranquilla, pronto empezaron a llegar a su despacho procesos muy importantes. El prestigio del joven juez fue creciendo porque era riguroso en el estudio de las normas, justo en sus evaluaciones e implacable en la aplicación de la ley.

Un buen día de 2017, el alcalde del pueblo, Ronald Padilla, lo invitó a conocer a su jefe político Eduardo Pulgar. La reunión sería en el apartamento del senador en Barranquilla, a una hora de Usiacurí. El juez aceptó sin saber de qué se trataba, pero tuvo la precaución de llevar una grabadora con él.

Pronto el senador Pulgar explicó el motivo de la invitación: “No joda, yo quiero apelar a ti para ver cómo me pueden ayudar ustedes, porque esto es un negocio. Esto es un negocio. Yo te digo la verdad… Esto es un negocio. Esto tiene que quedar entre nosotros tres porque los manes están preocupados. Es más, los manes me dicen: si hay que ir hasta allá, yo voy; pero lo ideal es que no vayan a decir nada”.

Y empezó a presumir de lo que ya había hecho por sus amigos “Yo te voy a decir la verdad, yo a través de la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación, conseguí que finalmente ahí pusieran un tipo que ha estado antes en la universidad; que es sobrino del viejo Gabriel Acosta, primo tanto de la mujer de Jaller, como del hijo de Gabriel Acosta. Y ahí eso fue apenas como para un feliz término. La ministra fue… la última resolución fue del ministerio”.

Después el lenguaje se hizo más explícito: “Quiero apelar a la buena relacion que ustedes tienen pa ver si me pueden ayudar hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente… Aquí hay un negocio… Ustedes me dicen… y yo voy y digo: pa esta jugada vale tanto y vamos pa’lante. Así de sencillo”.

Pulgar, que antes de ser senador había sido fiscal y auxiliar de magistrado, continuó: “No y también tú tienes que ver marica, lo que yo te digo, cuando uno quiere buscarle una vueltecita allí, uno se la busca”.

A este punto, el senador reiteró la generosidad de sus patrocinadores: “Esos manes a mí me ayudan con becas, me dan puestecitos. Yo te hablo la verdad y cuando llega la campaña me tiran un billetico. Yo no te voy a negar nada viejo man, pa que voy a negar eso”.

Pulgar estaba tan confiado que, incluso, sugirió el monto que el juez debería cobrar por la decisión: “Si los manes son juiciosos. Si yo le digo: hey doc esta vaina vale 200 barras. Él me dice: ¿a qué horas y dónde?. Así, pa hablar claro. Yo les digo a ustedes la verdad. Aquí hay un negocio…Yo creo… No sé, si ustedes quieren hablar solos”.

No contaba el senador Eduardo Pulgar con la verticalidad del juez Andrés Rodríguez, que respondió: “A ver, senador, yo en principio acepté la reunión esta mañana aquí pues por intermedio del alcalde Ronald, pero yo soy un hombre muy serio. Usted me está hablando de negocios, yo para eso sí, no. Déjeme que le haga la audiencia; déjeme explicarle primero por qué supuestamente llega allá. Ronald me abordaba esta tarde y me decía ¿doctor, pero por qué Usiacurí? Ronald, usted sabe que Usiacurí ha venido moviéndose, ha manejado casos delicados de garantías, yo allá he manejado casos delicados”.

El epílogo es triste. El intento de soborno que en el Código Penal se llama cohecho por dar u ofrecer, le fue relatado a un fiscal de turno. No hay proceso abierto en ninguna parte. Andrés Rodríguez ya no es juez porque se le acabó el nombramiento en provisionalidad. Eduardo Pulgar permanece tranquilo en el Senado, apenas la semana pasada fue noticia porque en el mismo edificio en el que vive se agarró a puños con el exsecretario de Salud de Soledad, Atlántico, por un asunto de corrupción que el exfuncionario asegura que denunciará en la Corte Suprema de Justicia. Luis Fernando Acosta Osío sigue controlando la Universidad Metropolitana con la ayuda de algunos administradores de justicia.

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SE NECESITAN DOS

¿Por qué la abogada se tardó 23 días en presentar la denuncia y solo vino a hacerlo un día después de que se frustrara la operación?

Por Daniel Coronell

La justicia debe preguntarle a Abelardo de la Espriella, a una joven abogada que ha trabajado en su firma y a un hombre de confianza de Alex Saab, qué saben sobre el soborno a un policía que frustró la captura del principal testaferro de Nicolás Maduro, junto con varios de sus familiares y lugartenientes. Ocurrió el año antepasado en Barranquilla. Los Saab escaparon a tiempo porque estaban advertidos de la operación por un policía adscrito a la Dirección de Investigación Criminal, Dijín. Hace unos días ese policía corrupto, el patrullero analista Eddie Pinto, fue condenado a tres años y dos meses de prisión. Hoy ya está en su casa gozando del beneficio de prisión domiciliaria. Lo sentenciaron por los delitos de interceptación ilícita de comunicaciones y cohecho impropio.

Cohecho impropio significa que recibió un soborno, delito cuya ejecución requiere al menos de dos involucrados: el que recibe, en este caso el agente Pinto; y los que dan, cuya identidad está registrada en el proceso aunque la justicia no haya hecho nada para que respondan por su parte.

El fallo de primera instancia al tipificar el cohecho señala que “Eddie Andrés Pinto Rúa recibió en principio un teléfono celular marca iPhone y consecuentemente la suma de $ 800.000, esta última para la adquisición de otro teléfono celular. Elementos que sirvieron como medios de comunicación para que el precitado advirtiera sobre las investigaciones seguidas contra el señor Alex Saab, familiares y empleados, información a la cual tenía acceso por su calidad de servidor público en la Policía Nacional”.

El policía aceptó los cargos inmediatamente después de su detención en octubre de 2018. Su abogado José Luis Torres Martínez dijo, en su nombre, que reconocía los delitos. Además, afirmó que su cliente estaba dispuesto a revelar la identidad de otros implicados: “Prácticamente está delatando a otras personas que pueden estar incursos en una culpabilidad”.

El defensor aseguró también que había gente rondando para impedir que el agente Pinto contara lo que sabía y por eso pidió que lo mantuvieran en un lugar de detención aislado: “Han estado y esto lo sabe el señor fiscal (se refiere al fiscal del caso), su señoría. Han estado preguntando por él personas extrañas durante todo el día y esto puede colocar en riesgo ya un testimonio…en un futuro… para que lo puedan coartar o lo puedan coaccionar para que no declare, lo que ya está declarando”.

El policía sobornado, a cambio de la información que entregó, quería 500 millones de pesos que, según él, era la plata de bolsillo que Saab gastaba cada día. Ya había recibido un teléfono y una pequeña suma en efectivo. ¿Quiénes le entregaron esos elementos? Las respuestas están en el proceso: la abogada María Paula Escorcia Leiva, de la firma De la Espriella Lawyers, y Mario Germán García Palacio, también abogado pero sobre todo un hombre de confianza de Saab que ha figurado como director de algunas de sus cuestionadas empresas.

La abogada conocía al policía Pinto porque habían hecho juntos un curso de criminalística. Según ella, la buscó por Facebook el sábado 1 de septiembre de 2018. Esa primera semana de septiembre lo citó en la oficina de De la Espriella Lawyers en Bogotá, pero pidió autorización para hacerlo: “Antes de esa cita yo consulto el tema con mis superiores y ellos me autoricen hacer (sic) la reunión pero me piden que grabe, a lo cual yo solicito al área de sistemas que organice una sala de juntas para grabar”.

La grabación de ese día no fue aportada al proceso. Debe ser muy interesante porque la abogada relató que en esa primera cita el policía Pinto le contó prácticamente todo, que había investigaciones contra Alex Saab por lavado de activos y por su presunta conexión con la milicia terrorista libanesa Hezbolá. Además, le reveló que la operación que las autoridades tenían lista no paraba en la detención de Saab: “Me dijo que iban a capturar a la exesposa de Alex Saab, una tal Cynthia, la mamá de Alex Saab, a Luis, a Emir y a Julio también”.

La abogada le llevó el celular que el policía le pedía –nunca aclaró quién dio la plata para comprar el teléfono– y siguió en comunicación con él: “Yo consulto a los jefes qué tenía que hacer ante con todos estos mensajes y me dijeron que le siguiera la corriente”, narra ella en su denuncia del 26 de septiembre donde pretendió presentar los hechos como una extorsión y no como un cohecho.

Gerardo Reyes, director de Univision Investiga, publicó en las últimas horas un completo reportaje y planteó una pregunta válida: ¿Por qué la abogada se tardó 23 días en presentar la denuncia y solo vino a hacerlo un día después de que se frustrara la operación, cuando Saab y los suyos ya se habían ido del país?.

Ver vínculo:
Abogado de Alex Saab en Colombia autorizó pactos con policía corrupto que dio aviso del arresto de su cliente

Abelardo de la Espriella le aseguró al periodista que “desde el primer momento que fui informado por una abogada de la firma sobre el acercamiento que buscaba el patrullero Pinto, di instrucciones precisas para que dicha situación fuera puesta en conocimento del entonces director de la Dijín, general Vargas”.

Sin embargo, el general Jorge Luis Vargas Villegas, hoy director de seguridad ciudadana de la Policía Nacional, dice algo bien distinto. El enviado de De la Espriella solo fue a verlo “dos días después del operativo”. Es decir, cuando ya se habían volado.

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ESPÍRITU DE CUERPO

Los siete militares que esta semana violaron a una niña indígena hacían parte de un pelotón también llamado Buitre. No fueron llevados a una cárcel regular, están en una guarnición militar.

Por Daniel Coronell

Miembros del Ejército Nacional apoyaron con recursos públicos la defensa del subteniente asesino Raúl Muñoz, que violó a dos niñas y mató a una de ellas junto con sus dos hermanitos en Arauca. El espíritu de cuerpo prevaleció largo tiempo sobre el sentido de humanidad y justicia. Al final, el asesino fue condenado a 60 años de prisión, pero el proceso recorrió un camino de obstáculos que buscaban favorecer al criminal.

En octubre del año 2010, el subteniente Muñoz era el comandante de la patrulla Buitres de la Brigada Móvil n°5, destacado en una vereda de Tame, Arauca. Prevalido de su rango y de sus armas violó a una niña de 14 años. Aunque había varios indicios contra él, nada le pasó. Unos días después violó a otra niña de 14 años, la mató a machetazos y también a sus hermanitos de 9 y 6 años.

El asesino cavó dos fosas superficiales para ocultar los cadáveres de los niños. Siempre negó el triple asesinato, aunque en los cuerpos y prendas de las víctimas encontraron señales de su ADN.

El espantoso crimen de ninguna manera se podía considerar un “acto del servicio”. Sin embargo la Defensoría Militar, Demil, asumió la defensa del subteniente Muñoz.

Demil es una entidad privada, pero de su junta directiva hacían parte en ese momento el jefe del Estado Mayor, el segundo comandante del Ejército, el inspector general y otros altos oficiales.

La columnista Laura Gil, demostró además que Demil usaba instalaciones militares -es decir edificios públicos pagados con plata de los contribuyentes- para alojar sus oficinas.

La defensa de los militares es la razón de existir de esta corporación privada, sin embargo los formularios de afiliación establecen que los “delitos sexuales” están excluidos de los beneficios. A pesar de esto, la defensa del subteniente Muñoz fue asumida por Demil.

Como si fuera poco, a la vereda araucana que fue escenario del crimen llegó unos meses después un helicóptero militar con cuatro civiles acompañados por un grupo de uniformados fuertemente armados. Interrogaron y grabaron videos de los habitantes sin pedir permiso. Se identificaron como miembros de “la defensoría”. El defensor del pueblo de aquellos días, Volmar Pérez, aclaró que no eran funcionarios de su despacho y pidió explicaciones al Ejército.

Entonces el general Jaime Reyes Bretón, comandante de la Brigada 18 del Ejército, aclaró que le había prestado el servicio de seguridad a “una comisión de la defensoría penal militar” de la que hacían parte “la defensa y los investigadores criminalísticos” que trabajaban para la causa del subteniente Muñoz.

Gracias a una de estas columnas, hubo algo de atención pública y se anunció una investigación por el uso indebido de la aeronave. Nueve años después no se conocen los resultados de la anunciada pesquisa.

La dilación fue la estrategia de defensa de Demil en el caso del subteniente Muñoz. Tuvo cuatro defensores distintos al comienzo del proceso. Cada vez que había cambio de abogado, pedían tiempo para que el nuevo estudiara el caso.

Una de esas abogadas, llamada Paola Milena Pinzón Padilla, cuya dirección registrada en el expediente era la misma del Batallón de Ingenieros 18 de Tame, renunció al poder en plena audiencia preparatoria de juicio.

La remplazó Patricia Lucía Díaz, quien lo primero que hizo fue pedir que se declarara el vencimiento de términos y que el asesino fuera puesto en libertad. Segundos después de pedir el recurso, renunció también.

La juez de Saravena que llevaba el caso, rechazó la petición y pidió que se examinara el papel de la Demil y las maniobras de sus abogadas. De su solicitud solo quedó el audio adjunto a esta columna:

Y digo quedó el audio, porque la juez fue acribillada en Saravena pocas semanas después de ese pronunciamiento.

Por ese asesinato fueron condenados tres guerrilleros del ELN. Un alto oficial aseguró que los guerrilleros mataron a la juez solo para tratar de inculpar al Ejército. El entonces presidente Juan Manuel Santos declaró que eso dejaba claro que no había responsabilidad de las Fuerzas Militares en ese hecho.

Después del asesinato de la juez en Saravena, el caso de Muñoz fue trasladado a Bogotá y la Demil decidió no continuar con su defensa. Se hizo cargo un polémico abogado y profesor de la Universdad Militar llamado Sergio Rodríguez Alzate. Se esforzó, pero no pudo evitar la condena del oficial.

La Corte Suprema de Justicia confirmó en casación la responsabilidad del violador y asesino subteniente Raúl Muñoz.

Los siete militares que esta semana violaron a una niña indígena hacían parte de un pelotón también llamado Buitre. No fueron llevados a una cárcel regular, están en una guarnición militar.

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